El gobierno español continúa promoviendo que el espacio de trabajo en España es óptimo para la plataforma de intervención a la adicción y las drogas. Aunque aún está por ver la protección legal de los empleados. El Plan Nacional de Drogas tiene sus beneficios, pero la situación en España contra la industria de test de drogas y alcohol continúa confusa.
A nivel legal y legislativo, la detección de abuso de drogas en el trabajo continua siendo compleja – no para aquellos países que tienen resoluciones legales directas.
Cuando se trata de test de drogas y alcohol en el trabajo, Estados Unidos es el país más avanzado. Aquí, el test de drogas en el trabajo se regula en empresas de transporte, seguridad e incluso políticas públicas. Cada sector tiene sus tratos independientemente según las leyes, estas pueden variar según las leyes laborales, protección de datos, de ocupación, etc.
En España este tipos de leyes no existen.
En los países europeos, la Convención de los Derechos Humanos (que se adoptó en 1950) garantiza el derecho a la privacidad, excepto en casos de seguridad nacional, seguridad pública o protección de derechos de la libertad de otros. Bajo estos aspectos se han desarrollado algunos directrices nacionales legales, incluyendo los que cubren el test de abusos de sustancias a trabajadores.
En Europa, muchos países han desarrollado legislaciones específicas que protegen y ponen límites en consumo de drogas en el trabajo mediante la práctica de analíticas. Incluidas Irlanda, Francia, Lituania, Países Bajos, Eslovaquia, Finlandia y Noruega.
En España no hay regulación para la realización de test de drogas en el trabajo. Mientras que el gobierno dice que se esta trabajando, no es una prioridad para la administración. Como resultado los empleados se exponen a test de drogas y alcohol impuestos por varios estados y comunidades autónomas, que complican la situación.
En general, al menos en España la regulación ofrece protección a los trabajadores, las drogas controladas están permitidas en todos los trabajos aunque el consumo de éstas ponga en riesgo su integridad o la de terceros. El artículo 54.2 letra F del estatuto de trabajadores contempla la posibilidad de despido disciplinario “la persona que bebe a menudo o es adicta a las drogas esto afecta habitualmente al trabajo”. El mismo estatuto detalla el control voluntario de los trabajadores, excepto en tres casos donde no se puede evitar un análisis.
1 – Aquellos casos donde la realización de encuestas es necesario para evaluar las condiciones de salud del trabajador.
2 – Verificar si el estado del trabajador puede ser peligroso, para él u otros. Este indica el consumidor en la mayoría de empresas.
3 – Cuando establece una relación legal provisional en relación a la protección específica de riesgos y actividades de especial peligro.
Así, la ley protege la realización de funciones fuera de control cuando los trabajadores puedan estar afectados por el consumo de drogas o alcohol. Se puede diferenciar entre el consumo en privacidad y el consumo en el trabajo. Varios estudios hablan del deterioro de múltiples motores y funciones cognitivas por la adicción. Des de esta perspectiva, los análisis de drogas protegen al trabajador y a la empresa, de comportamientos inapropiados directamente vinculados al consumo de drogas independientemente de cuando y donde se consume.
Ignasi Balsells Bailón es el propietario de Detecto, una compañía especializada en el test diagnóstico. Uno de los objetivos de Detecto es introducir las ventajas del Programa Trabajo Libre de Drogas para promover los test de drogas en el mercados español y entre los trabajadores la importancia del programa trabajo libre de drogas. Ignasi tiene la carrera de económicas de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y el máster en Adicción y Comportamiento adictivo de la universidad de Valencia.
